Demolición por mandato judicial de una nave agrícola situada en la ladera sur

Preparativos antes del dosmontaje y demolición de la nave.
Preparativos antes del dosmontaje y demolición de la nave. / ROMÁN

El Ayuntamiento intervino para ejecutar una sentencia y la propiedad anunció que instará a la administración a que informe sobre edificaciones similares con el fin de comprobar su legalidad

Alberto Román
ALBERTO ROMÁNÚbeda

En días pasados el Ayuntamiento de Úbeda procedió a la demolición de una nave agrícola situada en el paraje conocido como Huerta Dulce, en la ladera sur de la ciudad, dando así cumplimiento a un mandato judicial. Acompañados por agentes de la Policía Local, operarios municipales se personaron en el lugar para proceder al desmontaje y demolición de la instalación, aunque hubo que esperar a que la propiedad desalojara completamente la edificación, utilizada como almacén de aperos y maquinaria agrícola.

Aceptando la resolución judicial y la ejecución por parte del Ayuntamiento, la parte afectada mostró su malestar al considerar que se practicaba «a ultima hora» y con «una celeridad impropia de esta administración», y más aún cuando existen otras muchas edificaciones en la misma situación. Al respecto, aseguró que en un momento anterior se interesó por el estado de ejecuciones y actuaciones de disciplina urbanística, pero nunca recibió respuesta del Consistorio.

Así, la propiedad anunció que, ahora que en este aspecto se encuentra «en paz con la administración local», es su intención «velar por la legalidad urbanística», para lo cual en breve instará al Ayuntamiento a que informe sobre determinadas actuaciones, presentes y anteriores, con el fin de comprobar la legalidad de las mismas, esperando «su impoluta actuación y su buen hacer para el supuesto de encontrarnos ante actuaciones no ajustadas a derecho».

Sobre este asunto, el Ayuntamiento, a través de su concejala de Urbanismo, Mari Carmen García, explicó que su área se vio obligada a intervenir y demoler por mandato judicial y en base a un procedimiento abierto por denuncia del titular de la propiedad colindante, quien, tras la resolución, pidió la ejecución de la sentencia.

Según recordó, el propietario de la edificación demolida pidió en su día una licencia de obras, supuestamente para el retejado de un edificio ancestral, pero construyó una nave, siendo además el lugar una zona de especial protección. «Una vez judicializado el asunto y con el lindero personado como afectado y pidiendo la ejecución, teníamos que intervenir», aseguró la responsable de Urbanismo. Aunque matizó que, antes de la demolición, al propietario se le dio tiempo de reacción suficiente y alguna que otra moratoria, por la llegada de la campaña de recogida de aceituna y por otras circunstancias.

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