El excontable y el exauditor de La Unión rechazan un acuerdo de conformidad e irán a juicio

Las defensas de los dos acusados indicaron a Europa Press que sus clientes no se reconocen culpables y lo que desean es que los juzgue un tribunal, de ahí que rechacen cualquier tipo de acuerdo que pase por asumir su responsabilidad en los hechos denunciados.

Las acusaciones particulares buscan sobre todo que sus clientes recuperen el dinero que entregaron a la cooperativa y que, en algunos casos, según indicó a los periodistas el abogado Manuel Gutiérrez, superaba los 300.000 euros.

La sala de vistas de la Audiencia de Jaén acogió el miércoles la vistilla con todas las acusaciones particulares, la defensa y el Ministerio Fiscal para intentar llegar a un acuerdo de conformidad que fue rechazado de plano por las defensas, desde donde mostraron su deseo de acudir a juicio.

Ha sido un capítulo más en la trayectoria de esta cooperativa que en noviembre de 2016 entró en concurso de acreedores tras acumular una deuda concursal de unos 48 millones de euros.

Una vez que se fije la fecha de juicio, se sentarán en el banquillo J.L.R.P., el que fuera contable de la cooperativa, de 64 años, y el auditor M.R.A., de 88 años. No se sentará el que fuera presidente de la cooperativa, José Consuegra, tras su fallecimiento en enero de 2018, lo que ha llevado a que se extinga su responsabilidad penal en esta causa, no así la civil.

El Ministerio Fiscal, en el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press, establece que el contable y el presidente fallecido «movidos por un ánimo de obtener un lucro a costa de los ajeno», procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas.

Para ello no sólo realizaron salidas de tesorería por importe de 1,2 millones y anticipos de remuneraciones por importe de 1,2 millones, sino que «falsearon las cuentas anuales de la sociedad, los tickets de entrega de aceituna propios y de otros propios, e incluso el acusado J.L.R.P. apoderándose de modo directo de un total de 187.600 euros».

Para ocultarlo, en 2007 «se concertaron» con el otro acusado, auditor de las cuentas y de sus filiales, para que en su informe contable anual omitiera de modo «consciente y voluntario» la situación real de la cooperativa y los actos de disposición tanto del presidente como del contable. Así, les proporcionó programas informáticos para la contabilidad «de modo que se engañaba a los miembros del consejo rector al exponer su informe anual de auditoría».

Relata Fiscalía que, amparándose en una situación de «aparente solvencia y gestión», el presidente de la cooperativa, ya fallecido, y el contable abrieron una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma «efectivo con el que disimular la situación real de la empresa».

Debido a la «pésima» gestión, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro de falseamiento de cuentas. Como presuntos autores de los mismos reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama 2,67 millones de euros por el dinero distraído y no recuperado.