La Guardia Civil da por desarticulada la organización criminal liderada por los 'Pikikis'

La operación comenzó a fraguarse en el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Jaén en septiembre del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de que un vecino de Torreperogil estaba introduciendo periódicamente partidas de cocaína para suministrar a otros distribuidores y para su venta al menudeo en varios puntos. A partir de ahí se inició una investigación que se alargó durante casi un año y que culminó con la detención y puesta a disposición judicial de estas 27 personas como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública-tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo con violencia, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Las pesquisas siguieron el hilo de la droga hasta concluir en Úbeda, concretamente en el clan familiar de los 'Pikikis', con amplio historial delictivo, tanto por delitos violentos como por tráfico de drogas. La actividad principal era introducir periódicamente importantes partidas de estupefacientes, principalmente cocaína de gran pureza, que posteriormente cortaban y adulteraban ellos mismos, para aumentar las cantidades. Así se hacían con grandes beneficios económicos que posteriormente blanqueaban mediante la compra-venta de inmuebles y vehículos de alta gama. Con estos datos, desde la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén se dio inicio la operación bautizada como 'Zático'.

Al frente de la organización criminal se encontraba una mujer, considerada la matriarca del clan. Bajo su dirección se encontraban cuatro de sus hijos que participaban directamente en las actividades delictivas. A los investigadores les llamó la atención tanto el aleccionamiento al que había sometido la matriarca a sus hijos y a las parejas de estos, como el hermetismo extremo con el que la organización llevaba a cabo sus actividades, cuidando hasta el más mínimo detalle en lo relativo a su seguridad, máxime al mantener contactos y reuniones entre ellos o con las personas que a su juicio pudieran encontrarse investigadas. Y sobre todo eran muy precavidos en el momento de las entregas de las partidas de estupefacientes que periódicamente salían de los lugares en los que las ocultaban.

Dichas medidas de seguridad ponen de manifiesto el alto grado de especialización que la organización poseía, si bien, no fueron suficientes para evitar que los investigadores lograran tanto identificar y definir los roles y las funciones de cada uno de los integrantes del clan familiar, como identificar a cada una de las personas relacionadas con los investigados y que participaban activamente, junto a ellos, en las labores de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Fruto de la combinación de la labor operativa y del análisis de las informaciones obtenidas en el control sobre los investigados, se logró la ubicación e identificación tanto de las guarderías en las que almacenaban las distintas partidas de estupefacientes como del emplazamiento de las plantaciones interiores de cannabis de las que disponían.

Paralelamente a las labores operativas realizadas, se llevó a cabo una investigación patrimonial que permitió descubrir tanto el patrimonio real que los investigados poseían como la vinculación directa del aumento de dicho patrimonio con las actividades ilícitas a las que se dedicaba la organización.

Los beneficios de la venta de droga los blanqueaban mediante la adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones que registraban a nombre de testaferros y falsos propietarios, y que en otros casos intentaban justificar fiscalmente con la actividad comercial de una de las empresas de las que era propietaria una de las detenidas.

En el marco de la operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Úbeda, el 16 de julio pasado se llevaron a cabo 16 registros domiciliarios, tanto en Úbeda como en varias localidades de la provincia de Jaén, con un despliegue policial de más de 200 efectivos de la Guardia Civil. Los agentes intervinieron dos kilogramos de cocaína de gran pureza, ocho kilogramos de hachís y 800 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento procedentes de dos plantaciones interiores, material necesario para su cultivo intensivo, 48 kilogramos de picadura de tabaco y máquina industrial para el picado del mismo, además de diferentes fármacos para cortar y adulterar la cocaína.

Junto a ello se requisaron dos pistolas municionadas y preparadas para su utilización, que previamente habían sido sustraídas; dos escopetas, una de ellas de calibre 12 municionada y preparada para su utilización, también previamente sustraída; seis vehículos de alta gama; seis básculas de precisión; equipo informático, teléfonos móviles y sistemas de video vigilancia; y diversa documentación y anotaciones que refuerzan la carga indiciaria sobre los investigados. Se inventariaron igualmente 15 inmuebles, 60 cuentas bancarias con 70.000 euros, otros 70.000 euros en metálico, numerosas joyas y una embarcación marítima.

Durante las investigaciones se pudo acreditar que los 'clientes' del primer investigado atendían puntos de venta y también realizaban labores de entrega de estupefacientes a aquellos consumidores que no podían desplazarse hasta los puntos de venta, mediante el método conocido como 'telecoca'. Para atenderlo registraban líneas de telefonía a su nombre, que eran exclusivamente utilizadas para recibir las llamadas de los clientes, todo ello para desvincular a las personas para las que trabajaban con las sustancias que vendían en caso de una posible investigación policial de la que ellos pudieran ser objeto.