Juzgan este miércoles al contable y al auditor de La Unión acusados de apropiarse de 2,6 millones

En el banquillo también debería haberse sentado el que fuera presidente de la cooperativa, José Consuegra, pero su fallecimiento en enero de 2018 ha llevado a que se extinguiera su responsabilidad penal en esta causa. Sí se sentarán J.L.R.P, el que fuera contable de la cooperativa, de 64 años, y el auditor, M.R.A. de 88 años.

El Ministerio Fiscal, en el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press, establece que el contable y el presidente fallecido «movidos por un ánimo de obtener un lucro a costa de lo ajeno», procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas.

Para ello no sólo realizaron salidas de tesorería por importe de 1,2 millones y anticipos de remuneraciones por importe de 1,2 millones, sino que «falsearon las cuentas anuales de la sociedad, los tickets de entrega de aceituna propios y de otros propios, e incluso el acusado J.L.R.P. apoderándose de modo directo de un total de 187.600 euros».

Para ocultarlo, en 2007 «se concertaron» con el otro acusado, auditor de las cuentas y de sus filiales, para que en su informe contable anual omitiera de modo «consciente y voluntario» la situación real de la cooperativa y los actos de disposición tanto del presidente como del contable. Así, les proporcionó programas informáticos para la contabilidad «de modo que se engañaba a los miembros del consejo rector al exponer su informe anual de auditoría».

Relata Fiscalía que, amparándose en una situación de «aparente solvencia y gestión», el presidente de la cooperativa, ya fallecido, y el contable abrieron una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma «efectivo con el que disimular la situación real de la empresa».

Debido a la «pésima» gestión, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro de falseamiento de cuentas. Como presuntos autores de los mismos reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama 2,67 millones de euros por el dinero distraído y no recuperado.