La Alameda reclama medidas ante la ocupación ilegal de viviendas

El origen

El problema reside en que algunos inquilinos de estas viviendas del entorno de la calle San Ramón, que son propiedad de la Junta de Andalucía y que se adjudican a modo de régimen de alquiler, se están marchando y, por su cuenta y riesgo, las están traspasando de espaldas a la administración autonómica, sin dar opción a que vuelvan a ser adjudicadas en base a un orden de solicitudes y necesidades establecido por lista de espera.

Hay casos más sofisticados, que son los menos, en los que inquilino entrante y saliente han utilizado 'triquiñuelas' administrativas para el traspaso. Aunque la mayoría de las veces se trata de un acuerdo verbal, con dinero de por medio, manteniendo la adjudicación y los suministros al mismo nombre para que no se note. Y, como no, también hay casos en los que directamente se ha dado una patada a la puerta de la vivienda, si es que estaba vacía.

Fuera de control

Esto, lógicamente, no gusta a los vecinos, pues algunos de ellos o sus familiares están a la espera de poder acceder a una de estas viviendas, pero no pueden hacerlo porque a la administración se le está escapando el control de las mismas y no puede volver a adjudicarlas. Además, debido a estas ocupaciones ilegales se están generando problemas de convivencia en la zona, y quienes denuncian los hechos están siendo amenazados.

Los habitantes del barrio piden que la Junta y el Ayuntamiento tomen cartas en el asunto, que se mande a la Policía Local y a técnicos de Servicios Sociales o de Vivienda para que se compruebe el censo y las adjudicaciones, desalojando por la vía oportuna a quien no deba estar allí, para así readjudicar después las viviendas de forma legal a quien corresponda.

El delegado de Obras Públicas y Vivienda, Rafael Valdivielso, se reunió con representantes de los vecinos para conocer de primera mano su problemática. Según dijo, se iniciarán las medidas oportunas para identificar a los 'okupas' y regularizar la situación, recurriendo al juzgado si fuera necesario.

Ante ello, y de ahí su presencia en el pleno, los habitantes entendieron que el Ayuntamiento también debe actuar, colaborando en el control de la situación y exigiendo a la Junta que cumpla su parte. Así lo consideró igualmente el portavoz del grupo municipal socialista, Marcelino Sánchez.

Mendieta

De la misma forma, sobre este tema se pronunció el portavoz del grupo andalucista, Francisco Mendieta, mostrando su apoyo a los vecinos. Criticó que el alcalde no se dirigiera a ellos pese a estar presentes durante las más de tres horas que duró el pleno y que no contestara las preguntas de la oposición al respecto. «Los habitantes del barrio están descontentos por la mala gestión que Junta de Andalucía y Ayuntamiento están realizando, y lo más lamentable fue comprobar cómo el alcalde de Úbeda ignoró a los vecinos y no respondió a las preguntas de los andalucistas», aseveró.

«En este tema el Ayuntamiento no puede actuar»

Como réplica, el concejal de Hacienda, Francisco Jurado, en nombre del equipo de gobierno del PP, dijo haberse sorprendido por la presencia de los vecinos de la Alameda y por el hecho de que, curiosamente, todos los grupos preguntaran en el pleno sobre el tema. Y es que, recordó que «las viviendas que se están ocupando son responsabilidad de la Junta de Andalucía». Así, se preguntó «por qué se les manda al Ayuntamiento a vociferar» en relación a un asunto «en el que el Ayuntamiento no puede actuar». Jurado planteó igualmente por qué el delegado de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, «no sale a decir qué solución le van a dar». Y declaró que la Junta es propietaria de esas viviendas «para obtener lo que esos vecinos pagan de IBI, pero no para dar soluciones».