Diputación recuerda que una sentencia concreta el pago de la deuda por el agua en alta

Huertas ha explicado, no obstante, que el objetivo de la Diputación Provincial ha sido en todo momento solucionar este conflicto, por lo que ha mostrado en todo momento una actitud leal, «informando de cada detalle de un problema que se arrastra desde hace dos legislaturas municipales por una carencia en la gestión municipal y en las que ha tenido que tomar parte la vía judicial».

Disposición a negociar

«No se puede ignorar ni paralizar lo dictaminado oficialmente por un juez», señala Huertas, quien reitera y subraya que, no obstante, la administración provincial «siempre ha mostrado su disposición a negociar con el Consistorio en esta materia».

Asimismo, el diputado de Servicios Municipales hace hincapié en que el actual equipo de gobierno ubetense conoce esta situación y el estado de la deuda. «Hace unos días celebramos una reunión en la que se le trasladaron al alcalde todos los detalles del su estado actual», por lo que «no entendemos la supuesta falta de información que dicen tener sobre una situación que no es en absoluto responsabilidad de la ciudadanía ubetense, sino de la mala gestión de los responsables municipales durante un periodo en el que no se abonó al Consorcio la cantidad reglamentaria por el servicio de agua, algo que sí hicieron y hacen los ciudadanos ubetenses, al igual que el resto de los ayuntamientos de esta entidad», recalca Huertas.

En la actualidad, la deuda del Ayuntamiento de Úbeda con el Consorcio de Aguas La Loma supera los 4,8 millones de euros, a pesar de que durante los últimos cuatro años, el anterior equipo de gobierno ubetense realizó un plan de pagos para minimizar parte de un déficit que se arrastra desde hace dos legislaturas, «cuando gobernaban algunos de los ediles que forman parte del nuevo equipo de gobierno del PP, señala. Y concreta que de esta forma se consiguió abonar 1,5 millones de euros.

No obstante, ante el impago acumulado en años anteriores, el Consorcio, compuesto por la Diputación y 15 ayuntamientos de distinto signo político, acordó iniciar las medidas legales oportunas para hacer efectivo el cobro mediante la vía de apremio y es por lo que una sentencia judicial de septiembre de 2010 establece el proceso de recaudación de la deuda con el Consorcio por vía ejecutiva.