El Consistorio busca un acuerdo con Acciona para que la subida del IPC del agua no la paguen los usuarios

Según ha informado el concejal de Hacienda, Francisco Jurado, el pliego de condiciones, firmado por el equipo de gobierno que presidió Marcelino Sánchez, indicaba que la actualización del IPC acumulado debe incrementarse en las tarifas que pagan los usuarios, una subida que este año será de un 2,8 por ciento. El convenio suscrito en 2010 «nos obliga a aplicar la subida del IPC» pero, ante la situación económica, el Ayuntamiento puede «realizar un importante esfuerzo para asumir ese aumento y que sea el Consistorio el que lo abone a la empresa y no los usuarios».

Así se negociará a lo largo de la próxima semana y se elevará al pleno municipal para su aprobación, siempre que la empresa acepte el acuerdo. Una propuesta dictaminada en la sesión plenaria del martes en la que Jurado criticó «la irresponsabilidad» de los grupos municipales que aprobaron el pliego de condiciones en 2010 en el que «no se tuvo en cuenta que los ciudadanos con los años tendrían que pagar más en sus facturas».

Por eso, agrega, ahora se ha buscado la «mejor opción posible para que no sufran los bolsillos de los ubetenses, pero depende, como marca el pliego de condiciones, del acuerdo con la empresa concesionaria».

Otros precios públicos

Por otro lado, el pleno de la corporación aprobó regularizar, entre otros, los precios públicos con la subida anual del IPC de servicios como el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en la vía pública o el aparcamiento subterráneo de la plaza de Andalucía. Además se ha regularizado el uso de dependencias del Hospital de Santiago, la realización de fotocopias de documentos y planos en dependencias municipales o la instalación de tribunas y tablaos de propiedad municipal para actos privados.

Unos servicios cuyo precio público se encontraba «muy por debajo de su coste y que provocaba un déficit intolerable», algo a lo que ahora se la ha puesto remedio «tras años de dejadez por parte de las corporaciones anteriores». Asimismo, se dio luz verde a una ordenanza fiscal, inexistente hasta hora, que organiza la concesión de licencias de autotaxi y alquiler de vehículos, «con la que el Ayuntamiento podrá regular este importante sector en la ciudad». Y también a partir de ahora se podrá imponer a las entidades bancarias una tasa por la ocupación de cajeros automáticos en espacio público.