El Supremo absuelve al promotor de las viviendas cuyos techos no respetan la normativa en altura

Al abogado de la acusación «le indigna que la misma empresa promotora dijera que había procedido a la reparación de algunas viviendas para adaptarlas al PGOU» y que esto no se haya tenido en cuenta. De hecho, «consta en la grabación y quedó por escrito». «Cómo puede ahora el Supremo poner en duda que los inmuebles fueron concedidos con engaño», se ha preguntado Salido.

Al respecto, ha comentado que «no presupone que hubo engaño, sino que, es más, el arquitecto del Ayuntamiento y quien había realizado las mejoras para adaptarlas al PGOU así lo manifestaron». Así las cosas, el letrado considera que «es injusto que por el hecho de que el Ayuntamiento no procediera a anular licencias» ahora se proceda a absolver al acusado. «Está clarísimo que las viviendas no cumplían con los requisitos y ahí están para que pueda verse», añade.

Asimismo, ha señalado que «es duro que el Supremo achaque falta de precisiones de la sentencia de la Audiencia respecto a aspectos fácticos relevantes». Del mismo modo, ha lamentado que por esta «falta de precisión se perjudiquen 30 personas». A Salido le parece esta resolución «una barbaridad tremenda con la que está cayendo», aunque se ha mostrado contundente a la hora de «respetar» el fallo del TS.

Tocar el techo con las manos

Cabe recordar que, según manifestaron algunos propietarios de estas viviendas en la vista que acogió la Audiencia Provincial, «en algunos pisos se podía tocar el techo con la mano y sin escalera». Así, en el fallo de esta sala, ahora anulado, se expone que «se considera acreditada la estafa, el engaño por parte del promotor, que obtuvo de forma fraudulenta» la licencia de primera ocupación de los pisos, necesaria la misma para la obtención de éstos.

Del mismo modo, en la sentencia se relata que E. R. A. «impidió» que los propietarios accedieran a su vivienda hasta después de que estuviera otorgada la escritura «para que no se dieran cuenta de la altura de los techos», algo que se hizo «con el claro objetivo de lucrarse obteniendo un precio que los inmuebles no merecían y, además, no estaban para ser ocupadas como viviendas».

Por todo ello, la Audiencia Provincial condenó al acusado a cuatro años de prisión, así como a indemnizar a los 27 vecinos querellantes por la vía de responsabilidad civil para adecuar los pisos a las condiciones que establece el PGOU, incluyendo la instalación de aire acondicionado, tal y como figuraba en el proyecto. Una sentencia que ha sido revocada por el Supremo.