Las cámaras del Ayuntamiento «no graban ni han grabado nunca» y no permitían la visión nocturna

Robles ha entendido que «no hay que buscar culpables» sobre los responsables municipales que en 2008 decidieron retirar la vigilancia del Consistorio y la instalación de cámaras «que no eran de seguridad, sino disuasorias», puesto que no permitían la grabación ni la visión nocturna.

Se escondieron dentro

Por su parte, el jefe de la Policía Nacional en Úbeda, José Ferrer, ha indicado que la entrada de los asaltantes al edificio se habría realizado, sin descartar otras hipótesis, por «encalomamiento», es decir, «quedándose dentro del edificio hasta su cierre, para después actuar en el robo». La salida la realizaron directamente por la puerta principal, abriéndola desde dentro, pues en una de sus hojas existe un gran cerrojo y no una cerradura. Ferrer ha señalado que a estas alturas de la investigación «no se puede determinar si fueron directamente al robo de las monedas de oro».

Para ello, usaron herramientas profesionales «con mecanismos que existen hoy en día para poder atacar este tipo de cajas fuertes». Los ladrones no necesitaron realizar un «estudio especial del edificio» al ser un lugar abierto y visitable. Una de las dos cajas fuertes asaltadas fue atacada mediante el sistema del butrón.

El alcalde ha lamentado que las monedas guardadas desde 1988 en la caja de seguridad de la Tesorería Municipal no formaran parte del informe de arqueo que se le facilitó en mayo de 2011 con su entrada en la Alcaldía por parte del anterior alcalde, Marcelino Sánchez.

La mitad de las monedas

Las monedas de oro, un total de 182 fechadas en el último tercio del Siglo XVIII, aparecieron en 1985 en unas obras de rehabilitación de un edificio municipal de la calle Cervantes con el objeto de anexar ese inmueble a otro conjunto cuya propiedad era de la Junta de Andalucía. Los operarios que trabajaban en esas obras hallaron las 182 monedas de oro de distintas épocas. La Junta de Andalucía y los operarios que las encontraron reclamaron su propiedad en los tribunales contra el Ayuntamiento y se decidió por orden judicial, en julio de 1988, que «la propiedad del 'tesoro' corresponde: la mitad al Ayuntamiento y la otra mitad a los operarios como descubridores causales».

Desde ese momento, en 1988, los responsables municipales de entonces deciden depositar su parte (91 monedas) en la caja de seguridad. Una caja «muy bien protegida, con doble caja interior y que se presumía era bastante segura». La custodia de esas monedas «ha permanecido así ininterrumpidamente» hasta el pasado día 30. Al no formar parte del arqueo que se le presenta al alcalde tras su toma de posesión «ni yo como alcalde, ni la mayoría de concejales conocíamos la existencia de esas monedas».

Robles ha criticado que sí tenían conocimiento de su existencia «los anteriores responsables municipales, y aun así decidieron eliminar la seguridad en el edificio». No se trata de un expolio de «alta suma de dinero» porque el valor de la primera valoración del año 1988 tasaba las monedas en unos 54.000 euros (aunque esta cifra sólo se refiere al valor del oro entonces). Al no contar ahora físicamente con las monedas «no podríamos determinar su cuantía actual».

No entran en el seguro

El alcalde sí ha destacado que al tratarse de monedas catalogadas será muy difícil que los ladrones puedan venderlas en el mercado de arte, así como en el mercado del oro, por lo que espera una rápida resolución por parte de la investigación policial. En cuanto al seguro municipal, ha lamentado que «nunca se incluyeron esas monedas», entendiendo que los anteriores responsables municipales creerían que «sería prohibitivo para un Ayuntamiento» en lo que al precio de la póliza se refiere. De hecho, tras investigar documentos municipales, «nunca se trató el asunto desde 1988 ni en comisión, ni en pleno».

Las cámaras de seguridad que en 2008 sustituyeron a la vigilancia presencial de la Policía Local «se montaron como visionado de la actividad municipal, pero no pensaron en que debían servir para garantizar la seguridad». De hecho, el alcalde ha detallado que los responsables de la anterior corporación «no cayeron en que no son cámaras de vigilancia nocturna, por lo que la Policía Local nunca ha podido visionar de noche el interior del edificio». Esas cámaras «no graban, ni han grabado nunca».

El alcalde ha recordado como en mayo de 2011, previo a las elecciones municipales, la Agencia de Protección de Datos, a raíz de una denuncia de miembros sindicales del Ayuntamiento, advirtió que «las cámaras no vulneraban la Ley de Protección de datos, porque nunca han grabado». Cómo es posible, se ha cuestionado el alcalde, que «los anteriores gobernantes de la ciudad montaran un sistema de videovigilancia sin cumplir con las normativas».

Nuevas medidas de seguridad

El alcalde ha anunciado que se adoptarán las medidas necesarias para dotar al edificio de la presencia policial oportuna y de un sistema de vigilancia efectivo. Así como, al hilo del proyecto existente para la peatonalización de la plaza Vázquez de Molina, la posibilidad de controlar los accesos al conjunto monumental, para lo que se va a montar una sala de control en el interior del edificio que coordine desde ahí la vigilancia con un sistema de cámaras del conjunto histórico.

En cuanto a la cantidad de dinero sustraída de las dos cajas fuertes municipales, el alcalde ha señalado que, hasta que no se puedan comprobar los archivos informáticos de las áreas de Tesorería y Recaudación que fueron saboteadas, no se conocerán los datos exactos. Aunque sería una cantidad de manejo diario para gastos corrientes, por lo que no sería una cantidad significativa. Fuentes policiales hablan de unos 9.000 euros.

El alcalde ha calificado el robo de «triste para muchos ciudadanos, porque nos queda la sensación de que unos desaprensivos han venido a nuestra casa a desvalijarnos». Espera y confía en la investigación policial «para que puedan dar con ellos». En cuanto a depurar las responsabilidades por esa falta de vigilancia, para el alcalde, «no podemos hacer una caza de brujas sobre quién decidió desde 1985 que las monedas se custodiaran de esa forma».