Los padres a los que la Junta quitó la custodia de su hija se querellan contra cinco personas

De esta forma, en el citado documento argumenta que "tanto el reconocimiento de la menor --tras observar en su cuerpo personal docente supuestas quemaduras de cigarrillos--, como la salida de ésta del centro escolar se hace sin autorización alguna de los padres". Además, denuncia que "se haya accedido al historial médico de la menos sin consentimiento y vulnerando los derechos de protección de datos".

Igualmente, Salido recuerda que la acusación de malos tratos formulada contra los querellantes, los padres de la menor, fue archivada por auto de fecha 13 de mayo de 2013 y que "durante más de tres meses los querellantes han tenido que evitar cualquier contacto con la menor debido a la medida cautelar de alejamiento que les impuso el juzgado".

Así las cosas, he pedido "que se depuren responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los querellados por denunciar a los padres en falso y de forma totalmente negligente", lo que al mismo tiempo "ha ocasionado tanto el desprestigio de sus personas y honor como un grave perjuicio económico", en alusión a los daños que han sufrido como comerciantes de la localidad ubetense.

Cabe recordar que un informe de la Consejería de Salud y Bienestar Social, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que con fecha 11 de febrero de 2013 la Delegación Territorial de dicha área "acuerda el inicio del procedimiento de desamparo y tomando las medidas provisionales del desamparo y constitución del acogimiento residencial en el Centro de Protección de Menores San Rafael y San José de la Montaña de Andújar".

Asumía de esta forma la Junta "la tutela legal de la menor, en virtud de las facultades que otorga el decreto 42/2002, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, en relación con la L.O. 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor".

Sin embargo, "la Junta adoptó una resolución para internar a la menor en el centro que ni cumplió ni revocó", pues fue su tío el que se quedó con la tutela. Para el abogado, esta resolución "quedó escondida ante la duda de la Junta de haber podido equivocarse" en la decisión de retirar la tutela a los progenitores, toda vez que la pediatra que la exploró "apreció lesiones de forma apresurada".

Pedir disculpas

El pasado mes, el letrado manifestaba a Europa Press que la Administración andaluza "debe pedir disculpas si se ha equivocado", pues, de lo contrario, advertía, "los padres van a emitir una denuncia". Instaba a que el Ejecutivo se dirija a los progenitores para preguntarles "qué necesita la niña, como puede ser un psicólogo que le ayude a remontar la situación que ha vivido al estar alejada de ellos durante tres meses". "La única justificación que ha dado es que atendió al juez".

Al respecto, apuntaba que "no cree que el profesor que alertó de lo que parecía un maltrato así como el director del centro estuvieran de verdad tan preocupados por la niña porque en vez de acusar directamente a los padres al creer que la habían quemado con cigarros deberían haber hablado con otros profesores o con el propio pediatra" previamente.