El PP propuso una resolución amistosa del contrato de la escombrera y la oposición votó en contra
La propuesta del equipo de gobierno de plantear una rescisión amistosa del contrato que mantiene con la empresa que gestiona la escombrera municipal (Cespa) no convence a los grupos de la oposición, desde donde abogan por cualquier otra fórmula que garantice al Ayuntamiento algún tipo de compensación por los incumplimientos de la concesionaria. Así, mientras el PP consideró en comisión de Medio Ambiente que la mejor solución era llegar a un acuerdo mediante un expediente de resolución de contrato con carácter amistoso, el resto de grupos votaron en contra, con lo que la propuesta se quedó sobre la mesa.
Alberto Román Vílchez
Miércoles, 11 de mayo 2016, 13:45
El hecho es que gran parte de los compromisos que figuraban en el pliego de condiciones de adjudicación se han quedado sólo en eso, en ... compromisos. Es el caso del arreglo del camino que lleva hasta el recinto, cuyas condiciones no son las más idóneas. Y tampoco se ha avanzado mucho en lo referente a la adquisición de maquinaria y puesta en marcha de los mecanismos para facilitar la separación de los residuos y su reciclado.
PA
El grupo municipal andalucista solicitó en la comisión que se pidan informes externos sobre la situación en la que se encuentra el vertedero municipal para garantizar el mejor conocimiento posible por parte del pleno, que deberá adoptar una decisión en su próxima sesión. «Existen informes contradictorios y se hace preciso que tengamos la mayor información posible para decidir lo que sea mejor para Úbeda», manifestó su portavoz, Paco Mendieta. También solicitó que se clarifique en qué situación quedaría el actual vertedero cuando haya que proceder a su sellado y qué administración debe hacerse cargo de este gasto.
Según recordó, la gestión del actual vertedero fue adjudicada hace años a una empresa privada, pero su situación no ha mejorado. «Parece ser que incumple normativas medio ambientales de la Junta de Andalucía, por lo que debemos afrontar una solución definitiva con la implicación de las administraciones competentes», afirmó Mendieta, quien consideró que «no tiene sentido» quedarse con este servicio cuando Cespa no ha cumplido los compromisos que adquirió.
En su opinión, sería «cargar al municipio con el problema», siendo la empresa quien «debe asumir sus responsabilidades», máxime cuando «esta multinacional gana mucho dinero». «El PP quiere quitarle un marrón de encima a Cespa para que se lo quede la ciudad», argumentó el andalucista, recordando al alcalde que debe representar los intereses de los ciudadanos y no los de la empresa, que además «no ha hecho lo que debía y debe pagar por incumplimiento de contrato». «Y si no quiere por las buenas, recurrir a un contencioso», apostilló.
PSOE
En términos similares se pronunció el PSOE, recordando además que con el anterior equipo de gobierno socialista ya fue incoado un expediente por el cual los 300.000 euros de fianza que dio Cespa en el momento de la adjudicación se iban a invertir en llevar a cabo sus incumplimientos como, por ejemplo, el arreglo del camino de acceso que la empresa tenía que haber asfaltado. Pero, según el concejal Javier Gámez, el alcalde «dejó morir ese expediente».
«Después de más de dos años de gobierno, en lugar de defender a la ciudad, el PP defiende a la empresa con esta salida entre dos aguas con la que Cespa se va con las manos limpias», argumentó en contra de la rescisión amistosa del contrato, considerando que es preciso tener en cuenta el pliego de condiciones por el cual se adjudicó el servicio y los informes que se emitieron en su día para pedir que se cumplan los compromisos adquiridos. Si la intención no es esa, según el PSOE, significará que hay «otros intereses ocultos».
IU
«No dejaremos que la empresa se vaya de rositas», declaró IU para argumentar su voto en contra de una resolución amistosa. Según su concejal Diego de la Cruz Martínez, con la estrategia planteada por el PP la empresa dejaría de devolver al Ayuntamiento 800.000 euros. Y dijo sospechar que quizá el equipo de gobierno quiera que Cespa se quede con el servicio de limpieza, «incumpliendo así su obligación que debía ser recuperarlo». Así, vio ilógico que a una empresa que no cumple con un servicio se le quiera dar otro.
IPdeU
Finalmente, IPdeU aseveró que «el incumplimiento de Cespa es claro», cuantificándolo en alrededor de un millón de euros. «Aquí no cabe el mutuo acuerdo», declaró la concejal Luisa Leiva en contra del informe jurídico que habla de la resolución de contrato. Un asunto del que, además, «se ha venido haciendo caso omiso y se ha tenido guardado en un cajón hasta que se incorporó el nuevo secretario».
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