Un informe «ocultado» en 2009 decía que el terreno del vertedero no era apto

Pero además, el alcalde dijo que el informe también fue ocultado a los técnicos municipales y a miembros de la corporación. Así, se dijo que los terrenos eran aptos, fue adjudicado el servicio a Cespa y al poco tiempo ya empezaron los problemas. Según Robles, sólo dos meses después el Ayuntamiento ya recibió varios escritos de la adjudicataria diciendo que era inviable la prestación tal y como se establecía en el pliego de condiciones, «informe que también se guarda en un cajón» como el que llegó más adelante hablando de la inestabilidad de los terrenos.

Fue entonces, todavía con el PSOE en la Alcaldía, cuando el Consistorio encargó a un técnico municipal que relacionara los incumplimientos de la empresa, eso sí, ocultándole los escritos recibidos previamente que también tenían que haberse valorado. Y con ello se hizo un expediente para la resolución de contrato en vísperas de elecciones.

Después, ya con el PP en el gobierno local, la empresa clausuró el vertedero y se creó un problema, ante lo cual por primera vez el alcalde recibió a los responsables de Cespa. Con ello, comenzaron a conocerse realidades y se empezó a negociar con la empresa para buscar una salida, hablando paralelamente con la Diputación para que asuma las funciones de tratamiento de residuos en la ciudad.

José Robles se preguntó por qué en su momento el PSOE no habló directamente con la Diputación y permitió que entrara una empresa «que se sabía de antemano que no podía cumplir». Ahora, según añadió, «todos queremos poner los terrenos a disposición de la Diputación para que incluya el vertedero en su plan director, pero antes hay que resolver el tema con la empresa». En opinión del alcalde, en su día «no hubo lealtad institucional con las empresas licitadoras», y anunció que se estudiará poner este tema en manos de quien competa.

Problema medioambiental

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Romera, por su parte, dijo que la cuestión está en dar solución a un problema medioambiental toda vez que el vertedero lleva muchos años en una situación «ilegal e irregular», por lo que no entendió la actitud de la oposición alargando el debate, ya camino de una cuarta comisión. «Se trata de legalizar el servicio tal y como indican la Diputación y la Junta de Andalucía», manifestó, añadiendo que el equipo de gobierno no está defendiendo los intereses de la empresa como aseguran algunos, sino los de la ciudad y sus ciudadanos «que merecen una buena gestión, que no haya denuncias que acaben suponiendo sanciones pagadas con el dinero de todos y que se arregle el camino».

Romera manifestó que el PP, desde el principio, ha hecho lo que ha podido para limpiar y reorganizar el vertedero tras las «incompetencias y mal hacer de otros». Pero «hasta aquí hemos llegado y ahora toca hablar de soluciones», dijo abogando por el acuerdo para la resolución del contrato. «Habrá otras salidas mejores pero al día de hoy, y así lo dicen los técnicos, ésta es la solución mejor para este problema», apostilló.