El Ayuntamiento niega que deje de prestar el servicio de atención a menores
La concejal de Servicios Sociales, Maribel González, desmintió que desde el Ayuntamiento se deje de prestar el tratamiento de familias con menores en riesgo, tal y como se aseguró desde IPdeU, y tachó de «mentiras y falsedades» estas afirmaciones que «no son más que un intento de generar una alarma social, usando para ello a las familias más necesitadas de la ciudad».
Alberto Román Vílchez
Miércoles, 11 de mayo 2016, 13:28
Así respondió González a la portavoz de esta formación, Luisa Leiva, quien a su juicio «usa a los más necesitados para engañar y hacer política ... de la más baja calaña con mentiras malintencionadas». Para la concejal, desde IPdeU «no son conscientes o lo son, y eso es lo más grave, de que hacer afirmaciones de este tipo, sin importarles las personas, genera inquietud entre los que peor lo están pasando».
La concejal desmintió así que el servicio «vaya a desaparecer», como aseguró Leiva, y explicó que según la Reforma de la Administración Local, que entró en vigor el 1 de enero, las administraciones deben encargarse de la financiación de los servicios para los que tienen la competencia en exclusiva. Este es el caso de la atención a familias con menores en riesgo, que hasta ahora era cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
El servicio, por tanto, se sigue prestando «con la misma efectividad» para conseguir que los menores que están en riesgo puedan desarrollar una infancia adecuada, pero su financiación corresponde, como obliga la Ley, a la administración autonómica. Porque las disposiciones del Estado indican que los ayuntamientos dejen de cofinanciar el servicio. Lo que no significa «ni que desaparezca, ni que se deje de prestar».
Si la Junta no asumiera esta financiación a la que está obligada, sería el Estado quien la asumiría devengando el coste a los tributos que asigna a la administración autonómica. «El servicio no se deja de prestar en ninguno de los casos», dijo González, quien denunció cómo desde la Junta de Andalucía se ha reducido en un 12% la jornada laboral de los técnicos, al igual que ha hecho de forma unilateral con todos los servicios sociales como consecuencia de los «recortes brutales que aplica».
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