IULV-CA pide en el Parlamento que la Junta declare la antigua cárcel de Úbeda como Lugar de la Memoria

La declaración corresponde al Consejo de Gobierno andaluz, tras los informes exhaustivos con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas en esta vieja cárcel de Úbeda.

En el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía se incluyen los espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía. Tienen un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la Consejería con las competencias de Memoria Democrática. Y además, esta declaración podría impedir su derrumbe al igual que los planes urbanísticos tendrán que tener en cuenta los lugares inscritos en el catálogo para preservar su conservación.

Al no hacerlo el Consistorio, el pasado 27 de marzo la Asociación Úbeda por la Cultura trasladó a la Junta de Andalucía el acuerdo del Ayuntamiento aprobado por mayoría en febrero para que pudieran iniciarse los trámites para la declaración como Lugar de Memoria Democrática y la preservación de la antigua cárcel de partido. El escrito quedaba registrado después de que el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, afirmara que el Gobierno andaluz no tenía constancia oficial del expediente que promovería esa calificación, algo en lo que dijo estar «muy interesado».

En venta

La antigua cárcel de Úbeda, situada en la avenida de la Libertad, es propiedad del Gobierno central tal y como marca una sentencia judicial que obligó al Ayuntamiento a desalojar las instalaciones. Lo último que ha trascendido es que se ha puesto en venta el inmueble por 2,7 millones de euros, según figura en la página web de un conocido canal de inversiones inmobiliarias.

Su declaración como Lugar de Memoria Democrática supondría, además de su catalogación e identificación, la protección del edificio, que se encuentra sumido en un continuo proceso de deterioro, siendo preocupante la situación de las cubiertas. Incluso tal declaración podría ser un argumento de peso para evitar su venta y recuperar su titularidad.