La Subdelegación abre la vía para un posible recurso a la negativa del pleno a anular la subrogación de los trabajadores de Emdesau

Las mismas fuentes explicaron además que el requerimiento realizado al Ayuntamiento ubetense se ampara en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local, que faculta a la Subdelegación a impugnar «actos o acuerdos locales» cuando éstos «afecten directamente a los intereses del Estado».

En ese sentido, desde la Subdelegación se ha querido responder a la Agrupación Municipal Socialista de Úbeda, cuyo secretario de Organización, Javier Gámez, justificó el voto en contra de su formación a ese requerimiento a partir, entre otros motivos, de un escrito que desde dicho organismo se le remitió a su grupo el pasado mes de febrero, en respuesta al envío de documentación por parte de éste para comunicar «supuestas irregularidades» en un decreto municipal que otorgaba productividades a personal laboral del Ayuntamiento.

En ese escrito, la Subdelegación apunta que «no tiene capacidad para intervenir actos administrativos dictados por otra administración pública en ejercicio de sus competencias, ya que en base al principio de autonomía local no existen relaciones de tutela de la Administración del Estado sobre los entes locales, correspondiendo su control (...) a los tribunales de justicia».

Diferente baremo

A partir de esa respuesta, los socialistas entienden que la Subdelegación estaría actuando con un «baremo» distinto en este caso, a lo que la Administración central responde que «en ningún caso» la Subdelegación «efectúa requerimiento ni impugnaciones en la vía contencioso administrativa a petición de particulares, sindicatos o partidos políticos, ni realiza informes jurídicos a instancia de estos».

Así, las fuentes añadieron que «el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que es criterio de esta Subdelegación que, sólo cuando el acto o acuerdo local afecte directamente a los intereses el Estado debería efectuarse la impugnación, pero no en aquellos supuestos en los que la actuación de la entidad local afecte a terceras personas y, en principio, sólo a ellas, ya sean particulares o concejales que se hubieran opuesto a la misma, pues el ordenamiento jurídico otorga a los miembros de las corporaciones locales la facultad de impugnar directamente los actos y acuerdos de las entidades locales que consideren que incurren en infracción de ordenamiento jurídico».

Por lo cual, añadieron, «es anómalo que concejales o grupos políticos acudan a la Subdelegación porque la ley de régimen local los legitima directamente para actuar si consideran que algún acto vulnera la realidad; ya que la Subdelegación no tiene capacidad para intervenir en actos administrativos dictados por otra administración pública en ejercicio de sus competencias anulándolos o corrigiéndolos».

«Solo pueden anular y corregir actos de las corporaciones los tribunales, y a éstos pueden acudir igualmente los concejales de la corporaciones, grupos políticos, particulares o la Subdelegación», concluyeron las mismas fuentes.