El pleno desestima la resolución del contrato de la escombrera
En el pleno de la corporación celebrado ayer decayó, por cuarta vez, el punto referente a la resolución del contrato de gestión indirecta de la escombrera municipal. Un asunto en el que no parece posible el acuerdo entre el equipo de Gobierno y la oposición pese a que todos están conformes en el fondo, que es la rescisión del contrato y el cierre de las instalaciones. Y es que el PP plantea una salida amistosa y de mutuo acuerdo con la concesionaria (Cespa) y el resto de grupos consideran que la empresa debe indemnizar al Ayuntamiento por incumplir los compromisos que adquirió en su día con la organización. PP votó a favor del punto mientras que PSOE, IU e IPdeU votaron en contra y PA se abstuvo.
Alberto Román Vílchez
Miércoles, 11 de mayo 2016, 13:44
Lo único que está claro es que, al no reunir las condiciones medioambientales, el Consistorio debe proceder a la clausura y el sellado del vertedero ... municipal en un plazo de dos meses o, de lo contrario, se enfrentará a sanciones de hasta 240.000 euros. Tal cual lo marca un informe emitido desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, del 15 de mayo, que obliga al cierre inmediato. Así, lo que hay que concretar es la forma en la que se lleva a cabo este proceso.
El grupo socialista recordó que hace años se abrió un expediente por los incumplimientos de Cespa, el cual estaba «muy bien argumentado» y marcaba que había que romper las relaciones con la empresa exigiéndole que pagara por los no realizado. Pero, según recordó, el PP «lo dejó morir» permitiendo que se archivara. Y ahora, dos años después, «le surge la necesidad de solucionar este problema» de una forma que en nada beneficia a la ciudad porque «la empresa consigue irse de rositas».
Por su parte, IPdeU criticó la «tozudez y empecinamiento político» del alcalde respecto a este tema, que se sigue elevando a pleno cuando existe un acuerdo de rescisión del contrato adoptado en marzo «que se guardó en un cajón». Además, reprochó que fuera el Ayuntamiento quien solicitó a la Junta la documentación que ahora obliga a la clausura y sellado de las instalaciones.
IU subrayó que ningún grupo quiere que el vertedero permanezca abierto, pero la diferencia entre el equipo de Gobierno y la oposición es que los segundos exigen que la empresa haga frente a sus compromisos. Además opinó que la concesionaria tiene un gabinete lo suficientemente solvente como para saber en su día «dónde se gastaba los cuartos y dónde se metía», con lo que nada de lo que está sucediendo ahora debía ser una sorpresa.
Por otro lado, el PA consideró que debe convocarse una comisión para debatir este asunto «sin prisas», dada su trascendencia, y abogó por «buscar el mayor consenso posible». «El informe de la Junta es claro, pero hay que buscar el acuerdo», añadió.
Ante estos argumentos, el alcalde recordó que «por encima de nosotros hay una advertencia que nos podría costar 240.000 euros», por lo que defendió la opción de llegar a un acuerdo con la empresa para zanjarlo todo cuanto antes. «O se adopta una decisión o allá cada cual con sus responsabilidades», aseveró.
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