Nueve solicitudes de salario social denegadas y 140 aún sin resolución tras seis meses

El Ingreso Mínimo de Solidaridad (salario social) es una prestación económica mensual dirigida a las unidades familiares más desfavorecidas y que consiste en el equivalente al 62% del salario mínimo interprofesional vigente, incrementado en un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto a la persona solicitante. Como explicó González, los usuarios de Servicios Sociales llegan hasta el área municipal para tramitar su solicitud a la Junta una vez que ya han agotado el resto de ayudas que se conceden desde el Ayuntamiento, «es la última opción que les queda».

La Junta de Andalucía debería celebrar de forma mensual una comisión para la aprobación de estas ayudas, pero no la convoca desde el pasado mes de noviembre. Es decir, «seis meses en dar una respuesta a los solicitantes», mientras que a nueve de ellos «ya se las han denegado» ayudas que tienen una cuantía económica de media de unos 400 euros.

Frente a este «sinfín de recortes, de paralización de proyectos y de abandono a los más necesitados desde la Junta», el Ayuntamiento ha incrementado su presupuesto en partidas como Ayuda a Emergencia Social, Ayuda a Domicilio o Ayuda al Alquiler, además de la concesión de una subvención a Cáritas Interparroquial ante el anuncio de la Junta de suprimir las ayudas al mantenimiento y funcionamiento de albergues para la atención de temporeros. «Desde el Ayuntamiento hemos tenido que asumir lo que la Junta ha dejado de hacer para que los más necesitados no queden desatendidos», declaró González.