Tras un primer intento de venderla, el Estado ahora pretende demoler la antigua cárcel

Según se recoge en dicho anuncio, el plazo de presentación de proposiciones de los licitadores seleccionados concluye el próximo día 30, y será el día 10 de septiembre cuando se abrirán las ofertas recibidas para un proyecto cuya licitación asciende a un total de 108.326,04 euros.

Para preparar toda la documentación, en días pasados visitaron el lugar varios técnicos que estuvieron tomando medidas del inmueble y el entorno con instrumentos topográficos. Todo apunta a que la intención, una vez llevada a cabo la demolición, es volver a poner en venta el lugar, ya solo los terrenos, con lo cual tendría más fácil salida en el mercado inmobiliario.

Cabe recordar que el grupo parlamentario de IULV-CA defendió el pasado 4 de junio una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica en la que reclamaba que dicha cárcel fuera declarada por la Junta como Lugar de Memoria Democrática, una propuesta a la que se adhirió el PSOE.

Además, el Pleno del Ayuntamiento de Úbeda aprobó el pasado mes de febrero un acuerdo por mayoría para que puedan iniciarse los trámites para dicha declaración, y el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, afirmó en una visita realizada a finales de marzo a Jaén que la Junta está «muy interesada» en incluir dicha prisión en el listado de Lugares de Memoria Democrática de la comunidad.

Una mínima protección para evitarlo

Su declaración como tal daría al inmueble una mínima protección, de la cual actualmente carece pues no tiene catalogación alguna. Y es que, a partir de ese momento, el titular debería garantizar su conservación y cualquier modificación pasaría por la administración competente. Sería un buen comienzo para evitar su demolición o, al menos, así lo entienden desde Úbeda por la Cultura, colectivo que viene reivindicando la puesta en valor de la antigua cárcel y que también promovió su declaración como Lugar de Memoria Democrática. Incluso remitió el acuerdo plenario a la Junta de Andalucía para su conocimiento toda vez que el Ayuntamiento no lo hizo en su día.

El presidente de la asociación, Francisco Javier Ruiz Ramos, manifestó que, por tanto, los trámites correspondientes están iniciados en las administraciones local y autonómica y en periodo de estudio antes del dictamen final del Consejo de Gobierno, por lo que dijo haberse sorprendido con el anuncio de la demolición. En su opinión, se trata de una «maniobra» para deshacerse del edificio antes de que tenga algún tipo de protección y poder proceder así a la venta de los terrenos.

Ante ello, Úbeda por la Cultura ya se ha puesto en marcha y tras poner el tema en conocimiento de todos los partidos políticos con representación en Úbeda y de la Oficina de Memoria Democrática, está elaborando un manifiesto en defensa de la antigua cárcel con el que esperan lograr el respaldo de los ciudadanos.

Según Ruiz Ramos, el edificio es de estilo Neomudéjar, del cual se han perdido muchos restos en Úbeda, y además lleva implícitos unos valores históricos importantes en base a los hechos que allí acontecieron, por lo cual se hace necesario mantenerlo, también en memoria de tantas personas que por allí pasaron, absolutamente todas, independientemente de su ideología. Así, abogó por preservar el edificio como un lugar de concordia, poniéndolo en valor y abriéndolo a la ciudadanía.

Propiedad del Estado

La antigua cárcel de Úbeda, situada en la avenida de la Libertad, es propiedad del gobierno central. El Ayuntamiento le cedió el solar hace más de 100 años para la construcción de un edificio destinado a cárcel. Y tras el cese de este uso, el Consistorio utilizó las instalaciones durante décadas como parque de Bomberos y almacenes del área municipal de obras. Posteriormente, el gobierno central solicitó judicialmente la titularidad del inmueble, y los tribunales le dieron la razón dejando la propiedad en manos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que tomó posesión de él. Así, en 2006 ordenó su precinto y posterior desalojo, con lo que las dependencias municipales del área de mantenimiento que allí se encontraban tuvieron que trasladarse con carácter de urgencia a otro lugar.