Versiones opuestas ante el archivo de una denuncia por presunta prevaricación

De esta forma, Robles vuelve a referirse a que "la subrogación del personal de la empresa Emdesau al Ayuntamiento vulnera, además de la normativa presupuestaria, los artículos 23.2 y 103 de la Constitución Española al atentar contra los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad". Infringe también, según entiende, lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local". Robles asegura que, siguiendo lo que marca la ley, "este alcalde lo único que hace es cumplir con la legalidad". Porque, como insiste, "la voluntad política, de todos los concejales, de solucionar el problema de estas familias, termina donde empieza el cumplimiento de la ley".

Una versión matizada

Por su parte, los extrabajadores parten una premisa clara: "la fiscalía es nombrada por el partido político que gobierna", en este caso del mismo color político que el equipo de gobierno ubetense. A partir de ahí, reconocen que las esperanzas puestas en la denuncia interpuesta eran realmente pocas, y afirman que la fiscalía no se presentó al amago de juicio por no encontrar indicio de delito, "cuando precisamente a estos trabajadores se les ha dado de baja de oficio y con carácter retroactivo de manera ilegal". Así las cosas, recuerdan que a pesar de su incumplimiento el acuerdo de pleno no ha sido anulado, por lo que consideran que el alcalde debería estar dándole curso.

Y siguiendo con la notificación fiscal, el grupo de extrabajadores aclara que el alcalde no ha querido sacar a la luz el contenido íntegro de la misma, "donde queda reflejado que el motivo de la causa de archivo es que está pendiente de un contencioso administrativo, por eso resuelve proceder a archivar la causa". Agarrados a su empeño, intentarán demostrar lo que consideran un intento de manipulación plenaria.

La oposición

Bajo este panorama, desde el Partido Socialista aclaran que no interpusieron denuncia alguna, sino que trasladaron al fiscal una situación que consideraban que podía incurrir en un delito. Siguiendo esta línea, y tras asesorarse jurídicamente, dicen no estar de acuerdo con el pronunciamiento de la fiscalía, por lo que han solicitado una reunión al fiscal jefe de la provincia para poner encima de la mesa todos los temas que intuyen turbios y que parece que bordean la legalidad.

Izquierda Unida se suma al asombro que han suscitado las palabras del alcalde. Desde el seno de esta formación creen que la notificación de la fiscalía se ha sacado de contexto. Argumentan así que aunque el fiscal dice que no ha visto indicios de delito penal, sí deja claro que debe ser el juez quien decida si el acuerdo de subrogación cumple con la legalidad. "Ni le dan la razón ni se la quitan", exponen, añadiendo además que "el hecho de que un alcalde tenga vía libre para incumplir un acuerdo plenario supone un varapalo importante para la democracia".

El juicio laboral de los trabajadores de Emdesau está previsto para el próximo 9 de octubre, aunque están siendo programadas nuevas movilizaciones para el mes de septiembre.