Izquierda Unida recuerda que la ciudadanía paga cien mil euros anuales por sanciones al matadero
Prosigue el relato en torno al convenio urbanístico relativo a la empresa Inasur (Pollos Alameda) presentado por el equipo de Gobierno que perseguía mantener el matadero en su ubicación. Tras el voto en contra al respecto mantenido por la oposición en la última sesión plenaria, Izquierda Unida respalda su argumentario desde lo que entienden una premisa fundamental de todo ciudadano que accede a un cargo público: el cumplimiento de la ley.
Javier Carro
Miércoles, 11 de mayo 2016, 14:13
Según el portavoz de esta formación política, Diego de la Cruz, el alcalde pretende que los grupos de la oposición otorguen validez a un convenio ... que "omite el informe medioambiental que debe emitir la Junta de Andalucía como precepto básico antes de legalizar la situación". Ante la ausencia de este documento, IU declara no estar en disposición de cambiar el sentido de su voto porque entienden que estarían incurriendo en la responsabilidad personal de ir en dirección contraria a la legislación. "Estaríamos hablando de prevaricación, no entendemos cómo el alcalde se atreve a pedirnos eso", matiza De la Cruz.
Pero si entienden que el informe medioambiental es condición sine qua non para tomar posicionamiento, también alegan, refiriéndose a Inasur, que "una empresa que lleva 34 años chantajeando a los trabajadores y la ciudadanía en general con el cierre en el caso de traslado no merece bondades en absoluto".
Incumplimientos
El portavoz agrega que la actitud de la empresa ha pasado en todo momento por acumular incumplimientos legales de toda índole, como es el caso de la depuradora y el crematorio que estaban obligados a implantar pero que evitaron a toda costa. En este sentido, pone de manifiesto cómo los vertidos del matadero son expulsados directamente a la red, por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establece sanciones anuales de cien mil euros que termina pagando el Ayuntamiento. "Es decir, un dinero que pagamos todos los ciudadanos".
Al hilo de las sanciones, Diego de la Cruz afirma que Inasur ha sido multada por producir más de lo permitido, un hecho que, según entiende, evidencia que el consumo de pollo es mucho mayor en esta época, por lo que la coyuntura económica de la factoría "no es tan mala como nos quieren hacer creer". Así, deduce que a los empresarios sólo les mueve la posibilidad de contar con unos terrenos recalificados y no cambiar de ubicación.
Trabajadores
Sobre los puestos de trabajo gira igualmente la postura. En Izquierda Unida afirman haber estados movidos siempre por el interés de la preservación de la plantilla, algo que, dicen, no ha variado desde su postura inicial en este asunto. Es por ello que declaran que su negativa a la ratificación del convenio se explica porque "en ningún punto del mismo se garantiza la continuidad de los trabajadores. Es más, se dice expresamente que los empleos se mantendrán en función de la demanda del mercado".
Diego de la Cruz expone incluso cómo su grupo político introdujo en una comisión previa a los plenos la propuesta de una cláusula para que se estableciera una póliza con la Junta de Andalucía y con una entidad bancaria a fin de garantizar el salario hasta la edad de jubilación en el caso de que se perdiera un puesto de trabajo. "Eso no está incluido en el convenio regulador, y aunque no garantiza la permanencia de los trabajadores, sí su subsistencia".
A modo de conclusión, el edil de izquierdas tiene claro que estaría dispuesto a sacrificar la calidad medioambiental si se garantizan los puestos de trabajo.
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