La Junta dice que «legalmente no cabe» el decreto para declarar la vieja cárcel como Lugar de Memoria

Solo la portada

Junto a ello, Gálvez concretó que con ese reconocimiento «lo que se protege es la portada», de modo que, preguntada si entonces se podría derribar el resto del edificio, respondió que «perfectamente». Con respecto al procedimiento para obtenerlo, dijo que, una vez que el expediente ya está abierto y se ha propuesto la cárcel en el referido listado, debe reunirse el comité técnico que debe informarlo.

«Este expediente de Úbeda irá en el próximo encuentro de ese comité, que se reunirá próximamente. Una vez tenga su informe favorable, pasará a la Comisión Interdepartamental de Viceconsejeros, desde la que se eleva al Consejo de Gobierno y allí se aprueba», manifestó aunque sin entrar en un posible plazo para culminar el proceso.

En cualquier caso, según recalcó a preguntas de los periodistas en su comparecencia, la delegada expresó la «sensibilidad por parte de la Junta» con este asunto. Así, están «alineados» con la propuesta de Úbeda por la Cultura «y de muchos ciudadanos también» para declarar la antigua prisión Lugar de Memoria Histórica, ya que «un país que olvida su historia no tiene futuro».

Contrarreloj

Así las cosas, sin perspectivas y sin anuncios de medidas concretas y urgentes desde lo institucional más allá de mostrar sensibilidades y apoyos ante las cámaras y los micrófonos, el tiempo ya corre en contra del edificio. Y ante este panorama algo desolador, en Úbeda muchos ciudadanos temen que cualquier día aparezcan las máquinas para demolerlo sin que las administraciones local, provincial, regional y estatal hayan logrado llegar a un acuerdo para que esto no ocurra.

Independientemente de que sea o no declarado como Lugar de Memoria Democrática y de los hechos que allí acontecieron, las preguntas que circulan a pie de calle plantean si es necesario derruir un edificio público para que el Estado obtenga beneficios vendiéndolo para hacer un bloque de viviendas que no son necesarias, o si no sería más provechoso rehabilitar el lugar y darle un uso del que pudiera beneficiarse la ciudad.

Propiedad del Estado

La antigua cárcel de Úbeda, situada en la avenida de la Libertad, es propiedad del gobierno central. El Ayuntamiento le cedió el solar hace más de 100 años para la construcción de un edificio destinado a cárcel. Y tras el cese de este uso, el Consistorio utilizó las instalaciones durante décadas como parque de Bomberos y almacenes del área municipal de obras. Posteriormente, el gobierno central solicitó judicialmente la titularidad del inmueble, y los tribunales le dieron la razón dejando la propiedad en manos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que tomó posesión de él.

Así, en 2006 ordenó su precinto y posterior desalojo, con lo que las dependencias municipales del área de mantenimiento que allí se encontraban tuvieron que trasladarse con carácter de urgencia a otro lugar. Ahora, tras un fallido intento de venderlo a través de un portal de internet dedicado a los activos inmobiliarios, la intención es demolerlo para ver si así tiene más fácil salida al mercado.