Queman los últimos cartuchos para intentar frenar una demolición que parece imparable

Solicitud a la Junta

Las reacciones en torno a estas obras no han tardado en surgir. Por un lado, la Asociación Úbeda por la Cultura, que ha encabezado en los últimos meses el movimiento ciudadano en favor de la conservación de la cárcel, está intentando quemar el último cartucho solicitando por escrito a la Junta que se inicie «de manera urgente» el procedimiento para la inscripción del inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico «y sean paralizadas cualesquiera actuaciones que se estén llevando o puedan llevarse a cabo en el mismo». Una petición cursada conforme a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y argumentada con numerosos datos sobre la historia y valor del edificio.

Por otro lado el PA, que propuso y consiguió en días pasados la aprobación en comisión de Cultura y Patrimonio del inicio del expediente para la catalogación de la antigua cárcel junto a otros tres edificios de Úbeda de estilo y fecha similar, recordó que en base a este acuerdo el alcalde tiene la «obligación» de suspender temporalmente la licencia de obras otorgada para la demolición. «De no hacerlo se podría exponer a tener problemas legales muy serios», dijo el portavoz andalucista, Francisco Mendieta, tras consultar con un abogado especialista en urbanismo.

«Sería un delito»

«Sería un delito contra el patrimonio histórico artístico de Andalucía porque ya existe un expediente abierto», añadió, asegurando que sería algo provisional, por «precaución y cautela», pues «si este expediente culminara con los técnicos pronunciándose en contra, se podría demoler a partir de ese momento, pero no antes», ya que si la resolución fuera favorable «no habría marcha atrás». El PA remitió una carta a la Delegación de Cultura informando de todos estos hechos.

Además, Mendieta recordó que hay en otros puntos de España edificios del mismo arquitecto que diseñó la cárcel ubetense, algunos muy similares, y que se han mantenido y recuperado, como es el caso de un almacén ferroviario en Madrid. Pero en Úbeda, opinó que el alcalde «se somete al Gobierno de la nación en lugar de hacer caso a su pueblo, que quiere que el edificio se mantenga y debe obedecer».

En términos muy similares se manifestó IPdeU, criticando la actitud «sumisa» del primer edil y que no escuche a los ciudadanos. En su opinión, este tipo de edificios hay que ponerlos en valor y no destruirlos, algo que compartió el PSOE, añadiendo que además de ser un lugar para la memoria histórica podría ser muy útil para la ciudad y para la zona en la que se ubica, incluso con «espacio suficiente para que los terrenos de atrás puedan ser aprovechados por el Ministerio».

La portavoz socialista, Antonia Olivares, declaró que «el único que puede frenar la licencia es el alcalde» quien, en su opinión, la otorgó «con mucha celeridad». «Pero no se ha puesto al frente de este problema, sino de parte del Gobierno y en contra de los intereses de la ciudad», consideró. Desde su punto de vista, «todavía hay tiempo de reacción», y por ello remitió un escrito a la Junta apoyando la iniciativa de Úbeda por la Cultura para que la antigua cárcel entre en el Catalogo de Patrimonio Histórico.