Bronca en el pleno al no debatirse la prórroga en la gestión de la Estación de Autobuses

El pleno comenzó con la aprobación del primer punto, el inicio del expediente de contrato administrativo para la explotación indirecta de la Estación de Autobuses, que contó con los votos a favor de los grupos de la oposición, a excepción del PA que estuvo ausente por tener que atender otros compromisos, y la abstención del PP.

Pero al llegar el segundo punto, sobre la prórroga a la actual concesionaria, el secretario informó que no podía debatirse toda vez que un juez dictó en días pasados medidas cautelares, suspendiendo provisionalmente la orden de desalojo de las instalaciones en tanto no aparezca una nueva contratación y adjudicación o se resuelva por otra fórmula la prestación del servicio a continuación de la extinción de la concesión con Alciser.

Tal y como explicó el secretario, el debate del punto y un pronunciamiento en cualquiera de los sentidos (a favor o en contra) supondría un delito de desacato, ante lo cual el alcalde dijo que las medidas cautelares dictadas por el juzgado estaban por encima y había que asumirlas, acatarlas y respetarlas, por lo que no habría debate ni votación.

Protestas

Ahí surgieron las protestas de la oposición, que pedía más explicaciones y poder tratar el punto pues, una vez aprobado el inicio del expediente, entendía como lógico prorrogar el servicio. Y frente a estas quejas y a los reproches del público, el alcalde pronunció lo de «se levanta la sesión» y abandonó la sala seguido del equipo de gobierno y el secretario, entendiendo que era imposible continuar, una actitud que el resto de grupos criticó duramente, considerando que era una forma de eludir el debate y evitar de camino los ruegos y preguntas.

Según aseguraron en bloque, fue una muestra más de la forma de gobernar de José Robles, sin mostrar respeto alguno por las opiniones de la mayoría y «tirando del ordeno y mando», por lo que estudiarán tomar medidas. IU calificó su actitud de «fascista» y opinó que el juez ha suspendido el desalojo de la Estación de Autobuses, pero no las competencias del pleno de prorrogar el servicio. IPdeU, por su parte, declaró que incumplió sus obligaciones como alcalde por sus diferencias con Alciser, intentando callar a la oposición tras tres meses sin ruegos y preguntas. Y el PSOE aseveró que la aprobación del inicio del expediente lleva implícita la prórroga del servicio, algo que permite la ley de contratos, criticando que se impidiera el debate y la exposición de soluciones.

Así las cosas, de momento, Alciser debe seguir con la gestión de la Estación de Autobuses hasta que haya un nuevo concesionario o se concrete otra fórmula de gestión en base al inicio del expediente de concesión aprobado.