Sin acuerdo para ejecutar una sentencia por arrasar un yacimiento en Úbeda
El mes de agosto es inhábil en los tribunales, y sigue sin haber acuerdo para ejecutar una sentencia del Penal 1 de Jaén que condenaba al octogenario José Ramón M.M. a pagar los daños causados en un yacimiento arqueológico de Úbeda. Según admitió en un juicio en enero de 2014, destrozó un yacimiento al meter maquinaria para una hacer una balsa de riego sin licencia. Las obras «han producido la destrucción del yacimiento arqueológico», llegó a decir el fiscal.
Juan Esteban Poveda
Miércoles, 11 de mayo 2016, 15:36
La sentencia dejaba pendiente para la fase de ejecución la cuantificación de los daños y las reparaciones que debía pagar el acusado. La magistrada instaba ... a un acuerdo entre peritos de la Junta de Andalucía, que habían tasado los destrozos en 1,9 millones de euros, y los de la defensa, que ofrecían soluciones como ceder a la administración parte del terreno. A día de hoy, confirman fuentes cercanas al caso, el asunto sigue bloqueado y sin visos de solución. Y la sentencia sin ejecutar.
En mayo de 2014, técnicos de Cultura remitieron a la magistrada Valle Elena Gómez, titular del Penal 1 de Jaén, un escrito en el que manifestaban la imposibilidad de llegar a un acuerdo con peritos designados por José Ramón M.M., autor confeso de los destrozos. Desde entonces se negocia para que ambas partes acepten la intervención de un perito independiente que valore los daños, y a cuyo veredicto se sometan las partes. No ha sido posible un acuerdo.
José Ramón M.M. es propietario de una parcela en Úbeda ubicada en el paraje de Cerro Banderas, finca Ana Prieta. Es suelo calificado como no urbanizable de especial protección por estar en zona del yacimiento arqueológico conocido como Cerro Porrero. Un yacimiento que está catalogado e inventariado en el Sistema de Información de Patrimonio Histórico de Andalucía. De esta forma, debajo de la tierra y las olivas están los restos de un asentamiento ibero y romano.
Una década ya
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, con el que se mostró conforme José Ramón, «el acusado procedió en el mes de septiembre-octubre de 2005 como promotor y constructor de las obras, a encargar y dirigir la construcción de una balsa para el almacenamiento de riego para el olivar así como la apertura de un carril para el acceso de la maquinaria».
De esta forma, el fiscal apuntaba que los daños se localizan en un terreno de unos 13.000 metros cuadrados «afectando a importantes estructuras y niveles de la época romana con posible afectación a edificios de carácter religioso o funerario de cierta entidad». De la zona se extrajeron sillares de gran tamaño, fragmentos de cornisas molturadas y fustes de columnas con tratamiento para estucado. En un cortijo propiedad del acusado se encontraron piezas que pueden ser de época romana, como una pila de piedra, sillares, vasijas y columnas que se han utilizado para sujetar la estructura de una nave de ganado, relata el Fiscal.
Los daños en el yacimiento arqueológico, dice el Fiscal, fueron valorados por la Junta de Andalucía en la cantidad de 1.879.664 euros, cantidad que con los intereses que correspondan se reclaman al acusado.
La defensa replicó que esa valoración no es real, pues lo que se intentaba cargar a su representado era el coste de una excavación arqueológica completa, no una peritación de los daños. Así que se inició un tira y afloja entre las partes a día de hoy sin solución.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
