Trámites para adjudicar la ayuda a domicilio porque municipalizarla «resulta inviable, de momento»

En este sentido, la concejal de Servicios Sociales aseguró que se han tenido en cuenta varias de las aportaciones presentadas por algunos partidos políticos y también por el colectivo de trabajadoras. «Si bien es cierto, que algunas de las propuestas han tenido que ser desechadas, porque no eran compatibles con los parámetros legales exigidos», añadió.

Natalia Pérez quiso dejar claro que el pliego de condiciones gestionado por el equipo de Gobierno ha perseguido desde el principio tres aspectos fundamentales: garantizar el servicio a las personas usuarias, dotar presupuestariamente el servicio y velar para que las 65 trabajadoras conserven su empleo. «No queríamos que el destino de las empleadas de este servicio fuera el mismo que, lamentablemente, han sufrido los trabajadores de Endesau, y por eso nos pusimos a trabajar en el pliego desde el minuto uno de nuestra entrada al gobierno local», recordó.

¿Privado o público?

Desde el principio se presentaba una pregunta clave: ¿servicio privado o servicio público? El área de Servicios Sociales realizó un estudio de gastos de gestión tanto directa como indirecta que dio como resultado varias conclusiones que inclinaron la balanza hacia la gestión por parte de una empresa.

Por un lado se tuvo en cuenta el hecho de que la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, prohibiera las contrataciones de personal laboral, a excepción de sectores prioritarios en casos urgentes e inaplazables, lo que imposibilitaba la contratación de personal para el Servicio de Ayuda a Domicilio ya que no está catalogado como prioritario. «Esta es una de las razones por las que el Ayuntamiento no podría contratar directamente a las trabajadoras y uno de los motivos por el que desechamos la gestión directa», puntualizó la concejal.

Por otro lado, el área de Servicios Sociales comparó el gasto del servicio en el ejercicio 2014 a través de la gestión indirecta frente a la opción de la gestión directa. «El informe presenta unos datos económicos muy diferenciadores. Estaríamos hablando de que una gestión indirecta supondría un coste de 988.981,98 euros frente a una gestión directa que costaría 1.053.921,64 euros, es decir, una diferencia de casi 65.000 euros, sin contar horas de fin de semana, horario nocturno, jornada partida, gastos corrientes en material o equipamiento necesario», explicó la responsable de Servicios Sociales.

De esta forma, la opción de municipalizar el servicio «resulta inviable de momento», primero por imposibilidad de contratación y segundo porque desde el punto de vista económico resultaría más caro.

Empresas interesadas

Natalia Pérez adelantó que las empresas tendrán hasta el día 9 de diciembre para presentar la documentación necesaria si quieren optar a la prestación del servicio, dentro de un procedimiento abierto. «Tras esa fecha tendrá lugar la verificación de documentación y baremación. Y posiblemente antes de finales de año se sepa el nombre de la empresa adjudicataria», añadió.