Un juez investiga al expresidente y al extesorero de la Cámara de Comercio

¿Tarjetas black?

Hay sospechas sobre el uso de las tarjetas de crédito con cargo a los fondos públicos de la Cámara. La Auditoría no es tajante al respecto, pero sí detectó cargos con tarjetas corporativas que no están justificados a juicio del perito. Así que se quiere interrogar al expresidente y al extesorero sobre estas tarjetas.

También se les va a preguntar por partidas en el libro mayor de contabilidad con cargos cuya justificación no está clara. Y hay dudas además sobre varias facturas que no están claras y que aparecieron en el muestreo analizado por el perito.

También han llamado la atención del juez contrataciones de personas y empresas vinculadas a familiares de los investigados que eran directivos de la Cámara o al letrado de su confianza.

El hecho de citarlos como investigados no presupone que hayan cometido ilícito penal alguno. De hecho, no se les imputa hecho delictivo, tal y como se estableció claramente tras la última modificación legislativa. Solo hay unos indicios que se están investigando y para garantizar sus derechos el juez los cita con abogado.

Testigos

Además de a los investigados, el magistrado ha citado también como testigo al secretario general de la Cámara. El magistrado le va a preguntar por todas las subvenciones y ayudas procedentes de fondos o entidades públicas obtenidas por el organismo desde 2010 a 2016. Se ha pedido además la relación completa de empleados, por si se considera pertinente llamarlos a declarar a ellos también.

El juzgado también ha librado oficios a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y varias entidades financieras para seguir recabando información.

Antes de citar al perito, el magistrado Sánchez Gasca ya encargó a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional un informe sobre facturas pagadas por la Cámara a sociedades que son propiedad o en las que tienen intereses antiguos directivos del organismo. Agentes de la Policía se personaron en el Vivero de Empresas, sede actual de la institución, y recabaron información de la Secretaría General. También solicitaron a algunos de los antiguos gestores documentos para justificar qué bienes o servicios vendieron a la Cámara. Éstos respondieron en tiempo y forma.

El informe policial se entregó a su señoría hace ya varias semanas. No ha trascendido que en ese informe se señalaran indicios flagrantes de delitos, más allá de algunas irregularidades en las facturas presentadas y que ya venían señaladas en las conclusiones de la auditoría.

La investigación entró en fase judicial después de que la Junta presentase una denuncia en Fiscalía. En 2014 la administración andaluza intervino la Cámara, que se encontraba al borde de la quiebra lastrada por deudas que rondaban los seis millones de euros. La Junta encargó una auditoría que detectó graves irregularidades e indicios de una pésima gestión. Ese informe se hizo llegar a la Fiscalía por si se apreciaban indicios de delito, origen del procedimiento actual.