Procedimiento penal contra la Cooperativa La Unión

Casi todos los miembros del antiguo consejo rector de la cooperativa oleícola La Unión de Úbeda, así como algún responsable actual, desfilaron durante toda la pasada semana por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Úbeda para declarar en calidad de investigados dentro del procedimiento abierto en base a una querella interpuesta por varios afectados que no han podido retirar el dinero que depositaron en la sección de crédito de la entidad una vez que ésta bloqueó las cuentas el pasado mes de agosto, tras la crisis interna que se desencadenó con la destitución de quien había sido su presidente durante años.

Este procedimiento se ha iniciado mientras la cooperativa se encuentra inmersa en un concurso de acreedores que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil de Jaén. Las diligencias previas han comenzado tras la interposición de una querella por parte de un perjudicado con intereses en la sección de crédito de La Unión, quien depositó 200.000 euros a plazo fijo y no puede disponer de ellos. Posteriormente, otros seis afectados que tuvieron conocimiento de esta acción judicial y que se encontraban en una situación similar a la del querellante, se personaron en el procedimiento para velar por sus intereses y derechos, en este caso por una cantidad total que ronda los 150.000 euros.

Les representan tres despachos jurídicos de la ciudad de Úbeda que han creado una plataforma de afectados con los cuales están personados y ejerciendo la acusación particular en estas diligencias previas. La querella va contra todos los miembros del antiguo consejo rector (presidente, secretario, tesorero, vocales) y la propia cooperativa, así como contra el responsable y jefe de administración encargado de las labores contables en los últimos años.

Las decisiones

Así, unas quince personas fueron declarando entre el lunes y el viernes de la pasada semana en la sede judicial ubetense en calidad de investigadas, entre ellas el anterior presidente, a quien se tomó declaración el martes, y el jefe de administración, a quien le tocó el viernes. En líneas generales, el expresidente remarcó que todas las decisiones las tomaba el consejo rector, y quienes formaron en su día ese consejo rector aseguraron que las decisiones las tomaba le presidente.

Como representante de la cooperativa, también se tomó declaración al actual presidente. Aún faltan cinco miembros del antiguo consejo rector por declarar y existe la posibilidad de que, a tenor de las diferentes declaraciones y diligencias que se practiquen en las próximas semanas, se pueda citar a más personas físicas y jurídicas en calidad de investigadas.

Los representantes de los afectados tienen previsto solicitar esta semana numerosas diligencias de investigación para contrastar las declaraciones ya efectuadas con la documentación existente. El objetivo es investigar aspectos como la sección de créditos, la comercializadora y las obras realizadas en los últimos años, en todos los casos centrándose en quién tomaba las decisiones en cada caso.

Presuntos delitos

Entre los presuntos delitos que barajan los letrados se encuentran los de apropiación indebida, estafa, falsedad de documentos, administración desleal, insolvencia punible, alzamiento de bienes y delito societario. De forma cautelar tienen previsto solicitar embargos.

Los abogados de la ciudad que están representando a este conjunto de afectados son José Luis Sánchez Gallego (Consultores G&C), Álvaro Jiménez Ruiz (Álvaro Jiménez Abogados) y José Molina Moreno. Y no se descarta que durante el procedimiento, que no ha hecho más que empezar, puedan ir sumándose más perjudicados.

Las actuaciones realizadas la pasada semana pasarán, posiblemente, a Fiscalía. Y también posiblemente, a instancia de la propia Fiscalía y previa audiencia de las partes, se podría declarar la instrucción compleja, lo que implica que la duración de la misma será de 18 meses y que podrá ser, además, prorrogada posteriormente.