Reinicio de las obras de la calle Juan Montilla tras más de diez meses de parón

Viendo que la cuestión tardaría un tiempo en solucionarse, el Consistorio aplicó en su día una capa de hormigón para reducir las molestias a los vecinos, aunque en este tiempo ha sido imposible el tránsito de vehículos y ha habido que mantener los cambios provisionales en el tráfico de la zona, algo que continuará hasta el fin de la intervención.

La nueva adjudicación se pudo hacer toda vez que, tras el estudio del correspondiente expediente, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió en julio una resolución a favor del Ayuntamiento. Ello permitió la resolución del contrato con la anterior constructora y el desbloqueo de la situación, aunque hubo que cumplir los trámites y plazos de este tipo de actuaciones.

Todo se remonta al 4 diciembre de 2019, cuando la empresa que realizaba el trabajo lo paralizó «de manera unilateral y sin causa justificada alguna, abandonando la intervención», según explicó en su momento la concejala de Urbanismo, María del Carmen García. Desde ese día, el Ayuntamiento de Úbeda, tras constatar que era imposible que se cumpliera la fecha de finalización de las obras, fijada el 8 de abril de 2020, «debido a los incumplimientos flagrantes, injustificados y carentes de fundamento técnico y jurídico», inició un expediente de resolución del contrato, ya que se había puesto «en riesgo el interés público por varias razones», dijo García.

La primera era que el constructor, incumpliendo todos los plazos, no respetó las obligaciones que asumió cuando se contrataron las obras. Se licitaron en julio de 2019 y se adjudicaron el 13 de agosto a favor de esta empresa, firmándose el acta de inicio el 9 de octubre. Pero no empezaron hasta el 26 de noviembre, «después de que el Ayuntamiento tuviese que requerirle el 6 de noviembre justificación de por qué no comenzaban».

Y la segunda razón era que las obras se financiaban con una subvención de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea, por lo que estaban sometidas a unos plazos de ejecución «que si se incumplen obligan al Ayuntamiento a reintegrar los 81.500 euros que cuesta la intervención».

Además de estas cuestiones, García apuntó que es clara la ubicación estratégica del tramo de calle, cuya demora en los plazos afecta desde el punto de vista turístico, comercial y social, así como a los propios vecinos del lugar que sufren las molestias de la calle levantada desde hace más de diez meses. Y según explicó la edil, dada la cercanía al Palacio Vázquez de Molina, dejar el pavimento levantado, en tierra, en esa calle puede afectar incluso a la conservación del inmueble.

Por todo ello se inició el expediente de resolución del contrato, al que se opuso el constructor, hecho por el cual este conflicto se tuvo que dirimir en un órgano externo independiente, el Consejo Consultivo de Andalucía, que es el organismo de máxima competencia autonómica en materia administrativa.

Tras el estudio del expediente, el Consejo Consultivo dictaminó favorablemente el procedimiento de resolución del contrato, dando la razón al Ayuntamiento. De esta forma, se llevó a la comisión de Urbanismo el proyecto reformado, quitándole los 1.500 euros de obra que ejecutó la empresa trabajando desde el día 26 de noviembre hasta el día 2 de diciembre. Y así se volvió a licitar la obra, reiniciándose ahora los trabajos en cuanto se ha formalizado el nuevo contrato.